Mercado laboral y efecto de la implementación de la Pensión Garantizada Universal fueron dos de los temas abordados por la economista, quien plantea que el país requiere reformas profundas que tardarán en generar impactos positivos. En su opinión, los cambios, aunque tengan buenas intenciones, no se pueden imponer por ley.
Cecilia Díaz R.
Bettina Horst von Thadden no oculta su escepticismo frente a los anuncios del gobierno entrante en materia laboral. La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo plantea que son varios los desafíos que deberá enfrentar el país en los próximos años, desafíos que requieren reformas profundas que generen impactos a largo plazo. Lamenta que estos temas estén ausentes del debate.
Máster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile, fue jefa del Área Monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central y es consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. Columnista de El Mercurio, sus últimas opiniones han cuestionado el rumbo que ha tomado la discusión pública. En contacto telefónico con Diálogo, abordó diversos temas de índole económica.
– ¿Cuál será el mayor desafío para la próxima administración en materia económica?
– El mayor desafío va a ser reactivar la generación de empleo, digo que esta es la principal prioridad porque solo se logra a partir de lograr otros objetivos intermedios. Hablo de retomar la capacidad de creación de empleo, porque hoy solo se ha hablado de recuperar lo perdido en pandemia. Ese es el foco de la discusión, pero la verdad es que todos los años, el país va creando nuevos empleos. Entonces, lo que necesitamos es recuperar los empleos que se han perdido por la pandemia, pero, además, recuperar aquellos que dejamos de producir en estos dos últimos años. El desafío es más grande de lo que generalmente se plantea.
– ¿Qué se requiere para lograr eso?
– Se requiere un país con un clima favorable al desarrollo de nuevos negocios, al emprendimiento, y para eso se requiere un marco regulatorio, una discusión política que efectivamente dé luces en cuanto a que será un país en el cual se van a respetar los derechos de propiedad, va a primar el orden público. Hemos visto sectores amplios de nuestras ciudades que han sido destruidos por la violencia, y eso claramente afecta a quienes trabajan ahí, a quienes han desarrollado sus negocios ahí. Por eso digo que, si bien el principal desafío es recuperar los empleos de la pandemia y crear los empleos que dejamos de crear durante todo este tiempo, eso pasa también por crear las condiciones para recuperar la capacidad de crecer y la capacidad de, a partir de eso, generar progreso y bienestar.
– ¿Cuál es su opinión respecto de la mantención del IFE laboral durante el 2022?
– El IFE Laboral es un buen instrumento, pero no nos va a solucionar todos los problemas, me parece razonable que se vaya evaluando trimestre a trimestre, pero no hará milagros si el resto de la política pública, si el resto de las políticas de empleo, de emprendimiento, de seguridad social, atentan contra la contratación de mano de obra.
Salario mínimo y productividad
Bettina Horst cuestiona el aumento del salario mínimo que no esté anclado a una mejora de la productividad. “En el programa del Presidente está planteado un aumento importante del salario mínimo, eso se ha matizado, no sabemos detalles… si bien uno comparte el deseo y la necesidad de que el país vaya generando mejores empleos y con mejores salarios, pero, si por ley se aumenta el salario por sobre la productividad, por sobre lo que produce el trabajador, esto va a terminar generando más desempleo y más informalidad”.
La directora ejecutiva de LyD dice que el gran desafío es hallar la manera de concretar los sueños compartidos por amplios sectores de la sociedad como mejorar los salarios, mayor formalidad y acortar la jornada laboral. “Si eso se hace por ley, con una ley restrictiva, que impone medidas que son muy distintas a como es nuestro mercado laboral hoy, va a generar el efecto contrario. Hay que avanzar en un mecanismo de capacitación y de fomento a la creación de empleo, que sea sustentable en el tiempo. De lo contrario, por muy buenas intenciones que tengamos, vamos a generar más informalidad y no vamos a ver un aumento en los empleos ni en los salarios”.
– En concreto, ¿está en desacuerdo con esas dos medidas, aumento del salario mínimo y reducción de la jornada laboral?
– Yo estoy en desacuerdo en que el país hoy esté preparado para implementar esas reformas, porque solo pueden ser implementadas en un país donde la gente está más capacitada y en un contexto con un mercado laboral más fortalecido. El mercado laboral está debilitado producto de la pandemia, pero era una discusión que veníamos teniendo antes de la pandemia, de cómo recuperamos la capacidad de crear empleo. Había varias discusiones pre pandemia que de alguna forma fueron anestesiadas durante estos años, pero es una realidad que se va a tener que abordar.
– La tercera medida es la incorporación de trabajadores en los directorios de las empresas, ¿cuál es su opinión sobre esa posibilidad?
– Es un tema bien debatido. Durante la campaña, se partió planteando que fuera la mitad, después se bajó a un 30%, ahora no sé en cuánto va, yo creo que es una herramienta interesante, pero de nuevo, no me parece que sea algo que se debiera imponer por ley a todas las empresas, porque son muy distintas, hay empresas grandes, pequeñas. El rol de los trabajadores es muy distinto en una empresa tecnológica versus una de servicios y, al final del día, lo que uno nunca debe perder de vista es que los directorios están ahí para velar por el interés de quienes arriesgaron su capital. Es legítimo el derecho de quienes invierten en una empresa, invierten en un desarrollo y asumen ese riesgo, que tengan la facultad, las herramientas, y las mayorías en los directorios para efectivamente poder tomar las decisiones.
Plantea: “Hoy se cree que, por el hecho de no tener representantes de los trabajadores en los directorios, los trabajadores no son relevantes para la gestión, eso es un error, hemos visto un cambio positivo en cuanto a la importancia que cada vez más se le da a la gente”.
Insiste en que debe ser una medida voluntaria, “dependiendo de las características de cada empresa, decida incorporarlos o no. Hoy existe en el caso de Televisión Nacional, de Codelco, de Enap, un representante de los trabajadores”.
– Son empresas públicas…
– Son empresas públicas, con distintos resultados, y con distintas evaluaciones, me parece que no es razonable hacerlo por ley, porque eso te puede ahuyentar. Si tú, como inversionista, no vas a poder decidir qué se va a hacer con esa inversión, me parece que una buena parte dejaría de invertir. No pensemos solo en los grandes inversionistas, porque siempre se piensa en los mega proyectos de miles de millones de pesos, no, estamos hablando de todo tipo de magnitudes.
Más desigualdad
Uno de los últimos logros de la administración pasada fue la aprobación y puesta en marcha de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que beneficia al 90% de la población sobre los 65 años.
– En otro ámbito, ¿cuál es su opinión sobre la PGU, va en la dirección correcta, es lo que requiere el país en este momento?
– Fue una respuesta del mundo político, al asumir su incapacidad de alcanzar acuerdos para hacer una reforma más estructural. La ventaja de la PGU es que es un beneficio simple que entrega el Estado, parejo para todos, nadie se pregunta por qué a mí tanto y a ti tanto, eso la hace inclusiva, pero es un beneficio que efectivamente hoy le entrega más recursos fiscales a la clase media, que a los sectores más vulnerables.
– No está focalizada.
– Está menos focalizada que otras ayudas, entonces el día de mañana, cuando hablemos de distribución del ingreso, de desigualdad, hay que hacerse cargo en los números de cuáles son las desigualdades de ingreso que se van creando a partir de las políticas públicas que se van aprobando.
– ¿Me está diciendo que la PGU podría aumentar la desigualdad?
– Entre los mayores de edad, sí, entre las personas de sobre 65 años es probable que en dos o tres años más los números nos indiquen que la desigualdad va a haber aumentado.
– ¿Cuál es la solución?
– Esta (PGU) es una solución simple al problema de las pensiones bajas; hoy para aumentar las pensiones más bajas lo única forma es aumentando los aportes fiscales, y esta reforma lo recoge en ese sentido. Ahora, en el mediano plazo, todo va a ser insuficiente, si todos no ahorramos más, y eso pasa por aumentar la tasa de cotización, pero no solo eso, que es lo que permanentemente se ha planteado en el debate. Junto con aumentar la tasa de cotización, hay que aumentar la formalidad del trabajo y también la cotización a partir de los distintos tipos de trabajo. Estamos caminando hacia un mercado laboral que busca más flexibilidad, que no es lo que conocíamos antes.