Uno de los grandes problemas es que no hay una institución que asuma como propia la tarea de revertir la tasa de informalidad en el mercado laboral en el país. Es un problema sin dueño, dice el economista.
Por Cecilia Díaz R.
La tasa de informalidad laboral en Chile bordea el 27% de los ocupados. ¿Un porcentaje alto? ¿Bajo? Depende del punto de comparación. En algunos países del continente puede llegar al 60%, mientras que la tasa no supera el 15% en las naciones de la OCDE, a las que aspiramos parecernos. Lo preocupante es que en Chile el indicador no ha variado en las últimas décadas. Poco se ha hecho por abordar este problema que afecta a uno de cada tres trabajadores.
El académico David Bravo conoce el tema. Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Economía por Harvard, dirige el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Integró, junto a otros once especialistas, la Mesa de Formalidad Laboral convocada por la Confederación de la Producción y del Comercio, la Asociación de AFP y la Asociación de Emprendedores de Chile. De la instancia surgieron diversas propuestas que el economista comentó con Diálogo.
Problema estructural
– ¿Es preocupante la cifra de informalidad que tenemos hoy en el mercado laboral o es un porcentaje adecuado a nuestro nivel de desarrollo?
– Sí, es preocupante, porque es el reflejo de un problema estructural. Contrariamente a lo que he escuchado, o he visto que a veces se menciona, la informalidad no ha venido al alza si es que comparamos la situación actual con la situación prepandemia. El último dato habla de un 27% de ocupados que son informales y antes de la pandemia teníamos 29%. Entonces, son cifras muy parecidas, no es que se haya incrementado, se haya ido hasta las nubes. Estamos en tasas que son bastante parecidas a las históricas. Tal vez el gran problema que tiene Chile es que la tasa de informalidad es más o menos la misma desde hace unos 30 años.
Resume: “No es un problema que se esté agudizando, pero tampoco se ha revertido en las últimas décadas”.
– ¿Por qué no hemos podido bajar la tasa de informalidad?
– Este es un problema que no ha tenido dueño en el sector público, no sabemos quién está a cargo del tema. Como es un problema de muchos ministerios, eso quiere decir que al final es un problema de nadie. Entonces, no extraña que no hayamos tenido avances. Y esa falta de avance se nota después en lo que llamamos las lagunas previsionales.
– Se concentra en la población joven, en los adultos mayores. ¿Es más preocupante que se concentre en determinados segmentos o da lo mismo el tipo de trabajador que esté en esta situación?
– No, es importante. De hecho, esos mismos segmentos, el de jóvenes y el de personas mayores, son exactamente los mismos que tienen hoy más problemas para recuperar sus empleos de prepandemia. En realidad, todavía estamos en una situación donde faltan más de 200.000 empleos para poder decir que estamos recién saliendo de la crisis.
– Aparte del efecto en el sistema previsional, en las pensiones. ¿Qué otra consecuencia acarrea la informalidad en el mercado laboral?
– La calidad del empleo. O sea, el empleo informal tiene menor calidad en todas sus dimensiones. La más importante para las personas es la remuneración. Entonces, las personas que están en el empleo informal tienen remuneraciones, ingresos promedios, que son inferiores a los de los empleos formales.
El académico, que fue escogido Economista del Año 2023 por el diario El Mercurio, sostiene que además son empleos que no tienen protección. “No tienen seguro de accidentes, no tienen cobertura de riesgo, ahorros previsionales, no tienen salud. Son empleos de menor calidad en todas las dimensiones. Entonces, por eso es muy importante abordar este problema”.
“El empleo informal tiene menor calidad en todas sus dimensiones. La más importante para las personas es la remuneración. Entonces, las personas que están en el empleo informal tienen remuneraciones, ingresos promedios, que son inferiores a los de los empleos formales”.
La precariedad del empleo afecta a segmentos similares. “No es extraño que las personas que estén sin empleo hoy día, o las personas que están en empleo informal, tengan un rasgo muy parecido. Porque son, en términos de escolaridad, personas que tienen, en general, escolaridad muy incompleta. Son personas de menor escolaridad que el resto. Por lo tanto, son personas que incluso cuando trabajan formalmente, ganan el salario mínimo. Tienen un menor salario”, plantea.
Un responsable y una meta
– ¿Cuál es la clave para abordar este problema?
– Lo primero que yo diría es que hay que hacer dueño a alguien de este problema. Hay alguien que debe tener esto asignado como su responsabilidad. Alguna institución, algún ministerio, del Trabajo, de Hacienda, Impuestos Internos. En alguna parte. Porque hoy es un problema de nadie. Son cosas de procedimiento, pero creo que son muy importantes. Primero que sea el problema de alguien. Segundo, que pongamos metas. O sea, deberíamos decir que a tal fecha, se reducirá a tanto.
– ¿Cuál sería una meta razonable?
– Hoy, según el INE, es un 27% de informalidad, entonces, creo que, en la primera etapa, por ejemplo, deberíamos pasar al 20%. Pero primero habría que hacer a alguien responsable.
Después de eso se debe pasar las medidas específicas. “Es una labor de hormigas que debemos hacer”, indica.
En el trabajo de la mesa convocada por los gremios surgieron 15 medidas relevantes y, de ellas, los participantes destacaron tres. La primera es el fortalecimiento del subsidio al empleo joven, lo que implica ampliar su acceso, revisar su monto, modificar su metodología de indexación, permitir que los gobiernos regionales puedan destinar recursos para aumentar el número subsidios que se ofrezcan, entre otras.
La segunda propuesta es condicionar la entrega de permisos para trabajadores independientes o emprendedores. Por ejemplo, condicionar la obtención y renovación de permisos de operación esenciales, como los municipales, patentes y/o ambientales, a la realización de un mínimo de cotizaciones.
Estamos en tasas que son bastante parecidas a las históricas. Tal vez el gran problema que tiene Chile es que la tasa de informalidad es más o menos la misma desde hace unos 30 años”.
Por último, proponen vincular la Pensión Garantizada Universal (PGU) con incentivos a la cotización. Plantean instaurar un umbral mínimo de beneficios garantizados y establecer una escala de beneficios adicionales según años de cotización cumplidos, hasta 40 años.
Si bien consensuaron que las anteriores son las medidas más relevantes, sugirieron otras como reevaluar y ajustar los programas sociales para minimizar los desincentivos hacia el empleo formal, eliminar gradualmente el Régimen de Renta Presunta, empoderar al Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar al oferente y sancionar al comprador de productos o servicios informales de trabajadores independientes, entre otras.
Problema ético
El profesor David Bravo dice que el problema de la informalidad en el mercado laboral no es solo un asunto económico, sino también ético. “La mejor forma de contribuir a la calidad de vida de las personas, de los compatriotas, que están con problemas de ingresos, que son más vulnerables, no es necesariamente haciendo cosas que aparentemente son buenas, pero que no mejoran su vida, no mejoran nada”.
– ¿Su planteamiento es que debemos pensar en los desempleados y en los que están en el segmento de informalidad? ¿Poner el énfasis en esos segmentos en vez aumentar el salario mínimo o reducir la jornada laboral?
– O sea, no es un tema técnico, sino que realmente es un tema ético, porque tomando ciertas medidas puedes quedar muy bien con la prensa, con la población, son medidas muy efectistas, que a la larga son negativas.