Los tratado internacionales de DDHH en el proyecto de nueva Constitución

¿Hasta qué punto la decisión de otorgarle rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos podría afectar la soberanía del país? En el siguiente texto el Dr. en Derecho, Max Silva Abbott, académico de la Universidad San Sebastián, intenta explicar y responder esta interrogante. 

Por: Dr. Max Silva Abbott

En efecto, en el art. 15.1 del proyecto, se lee: “1. Los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia, forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional”.

Un aspecto que pese a su enorme importancia ha sido muy poco analizado en el actual debate en torno al proyecto de nueva Constitución, es el papel que tienen dentro de la misma los tratados internacionales, en particular los relativos a derechos humanos.

Lo anterior significa que estos tratados se consideran parte de la propia Constitución (y no como un sector del ordenamiento jurídico interno pero sometido a ella), lo que hace que la injerencia que pueden ejercer los organismos internacionales que tutelan estos tratados sobre nuestra realidad local, se incremente de manera exponencial.

Preocupante cambio

El surgimiento y proliferación del llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los tratados respectivos ha sido, en principio, un gran avance al obligar a los Estados a velar por el respeto de estos derechos de cara a sus ciudadanos. De ahí que por regla general, posea un alto prestigio y se lo considere como un elemento indispensable de cualquier Estado de Derecho decente.

Sin embargo, la evolución que ha tenido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las últimas décadas, ha hecho que esta primitiva situación haya cambiado drásticamente, alejándose bastante de su original y genuino sentido. 

“Como estos tratados pasan a ser parte de la Carta Fundamental, todo lo que se haga a su respecto la afectará en su globalidad, por razones mínimas de coherencia interna. Con lo cual, la Constitución no sólo termina siendo reformada por esta vía foránea, sino además, saltándose sus propias normas de reforma”.

Ello se debe, fundamentalmente, a que lo que hoy está primando y se está exigiendo desde instancias internacionales, no es la materia propiamente contenida en estos tratados -y que fue la que en su momento aceptaron los Estados-, sino el modo en que estos son interpretados por sus órganos guardianes (comités, comisiones y cortes internacionales), cuya misión es tutelar por el cumplimiento de los mismos por parte de los países suscriptores. Lo anterior ha ocasionado que lo que estos entes exigen a los países, amparados en los tratados a los que en teoría sirven, en muchísimos casos haya variado notablemente. De hecho, no resulta exagerado decir que en buena medida, se está en presencia de otros tratados, con un contenido muy diferente al original.

¿Quién controla a los organismos internacionales?

Pero además de haber sido monopolizada la interpretación de estos tratados por sus órganos guardianes, otro aspecto absolutamente fundamental, es que estas entidades no son controladas por nadie, lo que les otorga una notable libertad para hacer decir a estos tratados muchas veces cosas que ellos no consagran. Lo cual se agrava más aún, debido a que la ciudadanía no tiene ninguna injerencia en el nombramiento de los integrantes de estos organismos (al punto que por regla general ni siquiera es consciente de su existencia) y, finalmente, porque sus miembros no responden por su labor una vez terminada ésta.

Todo lo anterior quiere decir, a fin de cuentas, que lo que se incorporaría realmente a la Constitución, no serían tanto los tratados de derechos humanos suscritos en su momento por el Estado, sino la interpretación que de ellos se hace, interpretación que se aleja más y más de su primitivo sentido y que por otro lado, evoluciona rápidamente.

Ahora bien, si los tratados (o mejor dicho, su interpretación) poseen rango constitucional, ello quiere decir que nuestro ordenamiento interno debe amoldarse permanentemente a lo que establezcan estos organismos internacionales. O si se prefiere, que la Carta Fundamental estaría siendo modificada de manera constante gracias a la interpretación de los tratados que ella ha puesto a su mismo nivel.

Sin embargo, la Constitución no puede modificar estos tratados (por razones técnicas que no es posible explicar aquí), con lo cual, y pese a decirse permanentemente que se encuentran al mismo nivel, en la práctica es la Carta Fundamental la que termina quedando sometida a estos tratados y sobre todo, a su libre y no controlada interpretación. 

Dicho de otra manera: como estos tratados pasan a ser parte de la Carta Fundamental, todo lo que se haga a su respecto la afectará en su globalidad, por razones mínimas de coherencia interna. Con lo cual, la Constitución no sólo termina siendo reformada por esta vía foránea, sino además, saltándose sus propias normas de reforma.

Un problema de soberanía

Se comprende sin mucha dificultad, que todo lo dicho hasta aquí hace que el centro de gravedad del contenido de buena parte del Derecho interno, la referida a los derechos humanos, acabe dependiendo del parecer de estos organismos internacionales, que según se ha dicho, no son controlados por nadie. En consecuencia, termina siendo el Derecho interno el que debe adaptarse permanentemente al internacional, limitando de manera notable no solo la soberanía de un país, sino también su autodeterminación democrática, pues se insiste, nada puede oponerse a los derechos humanos; derechos humanos que dependen de la dúctil interpretación de estos órganos internacionales.

“Si absolutamente todo debe estar de acuerdo o al menos no oponerse a los derechos humanos, y ellos son establecidos con notable libertad por estas entidades foráneas, la Constitución, así como el Derecho en general de un país –y por ende, todos sus recursos–, deben en teoría ponerse a su servicio”.

De hecho, el sojuzgamiento a instancias internacionales se percibe en muchas partes de este proyecto de Constitución, que se remite permanentemente a las mismas. De esta forma, la alusión a los tratados internacionales en general, de derechos humanos en particular, y a otras disposiciones similares ocurre en 18 artículos, y en una disposición transitoria. Los artículos 287.d y 289.1, 2, 3, 12 y 13, aluden a las facultades del Presidente de la República para negociar, concluir, firmar y ratificar tratados internacionales.

Debe advertirse que aquí el problema no es estar en contra de los derechos humanos, sino del modo en que funciona actualmente esta parte del Derecho internacional. Además, desprovistos en la actualidad de un fundamento fuerte y objetivo, bajo el rótulo “derechos humanos” puede terminar amparándose casi cualquier cosa.

En consecuencia, toda la reglamentación interna debe ceder –o no oponerse– a lo que digan los custodios de los tratados internacionales de derechos humanos. Así por ejemplo, por mucho que se señale que se respetarán las tradiciones de diversos pueblos originarios, ello se hará siempre y cuando esas tradiciones no se opongan a estos derechos humanos de origen internacional, con lo cual surge la legítima pregunta de hasta dónde llega realmente este respeto del que tanto se habla.

Se comprende sin mucha dificultad, que el sojuzgamiento total a estas instancias internacionales constituye una auténtica revolución, al provocar un giro en 180 grados respecto del modo tradicional de entender no sólo la organización jurídica de un país, sino también el funcionamiento de su sistema político. 

En efecto, si absolutamente todo debe estar de acuerdo o al menos no oponerse a los derechos humanos, y ellos son establecidos con notable libertad por estas entidades foráneas (comités, comisiones y cortes internacionales), la Constitución, así como el Derecho en general de un país –y por ende, todos sus recursos–, deben en teoría ponerse a su servicio.

Todo lo dicho no quiere decir, ni de lejos, que un país no deba estar abierto al Derecho internacional, en particular en un mundo tan globalizado como el nuestro, pues ello equivaldría a convertirlo en un auténtico paria. Sin embargo, lo que aquí quiere advertirse –pues se considera de la máxima importancia– es la absoluta falta de control respecto de la labor de los aludidos organismos internacionales, que pretenden superponerse a los propios Estados, pese a haber sido creados por ellos. De alguna manera, la creatura se ha vuelto contra su creador.

Además, se insiste en que al estar sumidas nuestras actuales sociedades en un profundo politeísmo valórico, cada vez resulta más difícil para muchos sectores distinguir entre el bien y el mal de manera objetiva, siendo un muy buen ejemplo de lo anterior (si bien no referido al Derecho internacional), la polémica que ha originado el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos referido al aborto. Por eso las diferentes concepciones del mundo y de la persona que hoy pugnan y se defienden, dependen muchas veces de intereses o preferencias de todo tipo, que buscan legitimarse, colgándose la etiqueta de “derechos humanos”. Lo anterior hace que hoy sea posible defender cualquier causa bajo este rótulo.