La entidad que atiende a niños vulnerables de la Región enfrenta hoy una serie de desafíos. Entre ellos, el cambio del perfil de vulneraciones tras la pandemia, el desgaste emocional y hasta la amenaza latente de explotadores de niños, niñas y adolescentes.
Por Tania Merino M.
La Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa es una obra de la Iglesia de Concepción que actualmente colabora con el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. En ella se brinda atención a casi 1500 niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados. Estos niños, que en muchos casos enfrentan graves problemas de salud mental y emocionales, encuentran en este lugar un refugio y un apoyo fundamental. Sin embargo, esta labor es compleja y desafiante y requiere de un mayor involucramiento de los distintos actores de la sociedad.
Pocas veces se visibiliza la real dimensión del trabajo realizado en instituciones como esta, donde la mayoría ha vivido episodios de abuso o abandono y donde, además, existe un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes, 7 de cada 10, con neurodivergencias, que requieren de apoyo especial.
La alta carga laboral es física, intelectual y emocionalmente demandante para las más de 300 personas que atienden los 15 proyectos que ejecuta la entidad. Cinco de ellos son en la modalidad residencial de cuidados alternativos y otros diez en la línea ambulatoria; destacando un Programa de Prevención Focalizada y nueve Programas de Reparación en Maltrato Grave y Abuso Sexual, todos derivados desde los Tribunales de Familia, encargados del seguimiento judicial de las denuncias respectivas.
Y como si lidiar con todo esto no fuera suficiente, hay múltiples factores externos que complejizan aún más la dinámica. Uno de ellos afecta en especial a las residencias, constantemente bajo el acecho de explotadores que buscan valerse de la fragilidad de estos niños y vulnerarlos nuevamente. Aquí es el compromiso de los profesionales, su labor de permanente cuidado, lo que impide, o intenta impedir, la acción de estos inescrupulosos.
Lo anterior refleja la cara menos amable de un sistema que, pese a todas estas dificultades, durante décadas ha logrado darle un giro a la vida de muchos niños , niñas y jóvenes que hoy son profesionales o que buscan serlo. Como Daniela, del centro de Vida Familiar para adolescentes, Natividad de María, que hoy cursa cuarto año de la carrera de Ingeniería en Minas y quien da testimonio del respaldo recibido: “Hay mucho apoyo, incluso si se trata de estudios. Dentro de todo hay que aprovechar esta gran oportunidad y ser perseverante en la vida. Tener paciencia y tolerancia”.
Una ardua tarea
Richard Tapia, director ejecutivo de la Fundación, explica que, del total de atendidos, el 93,23% (1392) está en programas ambulatorios de la línea de Reparación en Maltrato Grave y Abuso Sexual y de Prevención Focalizada. En complemento, el 6,77% (81 casos) corresponde a atenciones en la línea de Cuidado Alternativo.
La labor en los centros residenciales es permanente y la demanda de atenciones en los centros ambulatorios es altísima -detalla-, existiendo listas de espera entre los 10 y 30 casos, lo que obliga a la optimización de los procesos a fin de intentar dar respuesta a las necesidades de intervención de todos/as los niños, niñas y adolescentes, tanto aquellos en atención, como a los que esperan por ella.
“Queremos transmitir a nuestros trabajadores que los escuchamos y los apoyamos, porque si los niños son el alma de la Fundación, los trabajadores son el motor que hace posible nuestra misión”
Richard Tapia, director ejecutivo de la Fundación
Estas gestiones no solo abarcan la asistencia directa a cada uno, sino también la articulación con el soporte social, que involucra, salud, educación, municipios, entre otros. “Esta gran carga de acciones se suma al impacto del trabajo con infancia vulnerada, que implica conectar con las experiencias vulneratorias altamente traumáticas que lamentablemente han vivenciado en el curso de sus vidas, lo que genera un desgaste particular en los profesionales”. Por ello, están expuestos a problemáticas como el estrés y el síndrome de burnout, entre otras.
El día a día es “increíblemente demandante”, reconoce el director ejecutivo. Para abordar el deterioro anímico, cada proyecto contempla el desarrollo de jornadas de autocuidado que ofrecen espacios de desconexión y gestión emocional, proporcionando contención no solo como terapeutas sino también como personas. Además, los directores de los proyectos se preocupan por el bienestar de sus equipos, ofreciendo análisis técnicos y soporte para responder a las necesidades emergentes tanto de los niños como de los trabajadores. “Queremos transmitir a nuestros trabajadores que los escuchamos y los apoyamos, porque si los niños son el alma de la Fundación, los trabajadores son el motor que hace posible nuestra misión”, afirma.
Cambio en el perfil de las vulneraciones
Las situaciones de vulnerabilidad que se atendían en los inicios de la Fundación han cambiado con el tiempo debido a las transformaciones en la realidad social. Tapia explica que, a mediados de los años 50, la atención se centraba casi exclusivamente en casos de orfandad y abandono. Sin embargo, en la actualidad, estas situaciones son menos frecuentes, y los casos que requieren de su intervención son diferentes. “Ahora nos enfocamos en cuidados alternativos relacionados con vulneraciones graves y multidimensionales que afectan la integridad biopsicosocial de niños, niñas y adolescentes. Estos casos pueden incluir desde negligencia grave hasta maltratos y abuso que representan un riesgo inminente para sus vidas”.
Además, desde la pandemia y en la postpandemia, la línea ambulatoria ha detectado un aumento en situaciones asociadas a abuso sexual y también en casos de niños, niñas y adolescentes que son víctimas o testigos de violencia intrafamiliar. “De manera transversal en ambas líneas, hemos observado un incremento en la vinculación a círculos de violencia y conductas delictivas, así como en el consumo inicial o problemático de sustancias adictivas”.
Pero como anticipábamos, también hay factores externos que es necesario dar a conocer, como la presencia de personas que intentan sacar provecho de la vulnerabilidad de estos niños y jóvenes. Así lo relata la trabajadora social, investigadora y miembro del directorio de la Fundación, Verónica Gómez, quien señala que “las redes de explotación sexual están continuamente intentando retirar a los niños y niñas de los programas sociales para facilitar su explotación. Estas redes los someten a diversas formas de abuso, como forzarlos a cometer delitos y participar en la comercialización de drogas. Además, este problema puede extenderse a la explotación sexual”.
“Las redes de explotación sexual están continuamente intentando retirar a los niños y niñas de los programas sociales para facilitar su explotación. Estas redes los someten a diversas formas de abuso, como forzarlos a cometer delitos y participar en la comercialización de drogas”
Verónica Gómez, miembro del directorio de la Fundación
Una amenaza en latencia
Esta es una realidad que no debería sorprendernos, pues se trata de un problema a nivel nacional. Las cifras han demostrado un aumento en la cantidad de menores de edad víctimas de explotación sexual, la cual, enfatiza la académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es considerada “una de las formas más graves de violencia sexual”.
Entre los principales indicadores que dan cuenta de este aumento está el incremento en el número de víctimas identificadas. Según datos de la Defensoría de la Niñez, entre 2022 y 2023, el Ministerio Público registró un total de 2.184 niñas, niños y adolescentes como víctimas de explotación sexual. Esto representa un aumento del 29% en la tasa de víctimas en comparación con años anteriores y deja tras de sí, además, una preocupante cifra negra. Regiones como Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble y Biobío, registran las tasas más altas.
La investigadora y docente UCSC describe que, “en la explotación sexual, el daño emocional que sufren estos niños y niñas es profundo, y muchas veces se traduce en agresiones hacia ellos mismos o hacia otras personas, incluyendo el personal que trabaja con ellos”.
Para hacer frente a esta problemática -asegura- se requiere, en definitiva, de un mayor involucramiento intersectorial, colaboración, coordinación y apoyo. “Como sociedad chilena, exigimos que los equipos y programas que trabajan con los niños más vulnerados sean responsables de su bienestar, pero la colaboración de otros actores del sector es muy escasa”, lamenta, evidenciando la falta de respaldo integral en temas como salud, educación y justicia.
Además, destaca la necesidad de capacitación para los profesionales del área y la disposición de recursos continuos y no basados en proyectos de corta duración que generan incertidumbre y aumentan la rotación del personal. “Necesitamos una inversión significativa en la protección a la niñez, políticas de Estado que prioricen a los niños y niñas, y una colaboración integral de todos los sectores de la sociedad para abordar estas problemáticas de manera efectiva. Esto es responsabilidad de toda la sociedad, no solo de una fundación o el Estado. Todos y todas somos responsables y garantes de derechos”.