Desde que estallará el denominado Caso Convenios, particularmente en Antofagasta, por el traspaso irregular de recursos desde organismos públicos a otros privados, el ente persecutor acumula causas en todas las regiones del país, exceptuando Coquimbo. El proceso de fortalecimiento de las regiones, el mismo que experimentó avances con las elecciones directas de los consejeros regionales y gobernadores regionales, ha sido uno de los afectados. De hecho, el proyecto que busca entregar mayores herramientas presupuestarias a los gobiernos regionales sigue estacado en su primer trámite en el Congreso.
Por Ángel Rogel Á.
Durante la segunda mitad de 2023, cuando las voces críticas a su gestión se multiplicaban, el actual gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, explicaba las razones por las cuales declinaba dar un paso al costado y seguir en el cargo que, con el apoyo de la ciudadanía, se había ganado. Uno de sus argumentos tenía que ver con el fortalecimiento de nuestro sistema político. Según Díaz, una eventual renuncia suya o de cualquiera de sus colegas a nivel nacional investigados por el supuesto traspaso irregular de recursos a fundaciones, también conocido como Caso Convenios, le haría un profundo daño a nuestra democracia. Dichas declaraciones las efectuó en el marco de un encuentro empresarial en Hualpén.
Pese a lo anterior, la máxima autoridad regional sorprendió cuando el pasado 22 de abril comunicó que no repostularía al cargo. Explicó que lo hacía por su familia que estaba sufriendo los embates derivados de la mediática investigación liderada por el Ministerio Público. En dicha oportunidad, agregó que el caso es “un problema gigantesco” y aseguró que era su deseo cuidar la institucionalidad y a las personas que son parte del Gobierno Regional (GORE).
Aunque Díaz no explicitó los problemas que el caso ha generado al proceso de descentralización del país, parece existir una evidente relación. De hecho, voces más críticas lo han destacado en algunas de sus intervenciones públicas. Actores políticos como el DC y actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, o el exsenador, Alejandro Navarro, verbalizaron aquella idea, ambos en octubre del año pasado. El primero, por ejemplo, dijo que el gobernador regional debería reflexionar en torno al “daño que se le ha hecho al proceso de descentralización”.
“Esta anhelada descentralización no se ha concretado ni con la elección de los consejeros regionales, ni con la elección de los gobernadores, mucho menos con lo que hemos visto en el último tiempo, asociado a temas de escándalo y los problemas en asignación de fondos”.
Lesley Briceño, cientista político.
En una columna de opinión, escrita para el sitio biobiochile.cl, Navarro, actual carta al Gobierno Regional, fue más directo: “hoy enfrentamos un desastre en la credibilidad pública, y se siente primero con pena y luego con indignación. Tan solo dos años y medio de la instalación de los gobernadores electos, resulta tan dramático constatar que el daño causado con el ‘caso fundaciones’, hizo retroceder toda posibilidad de mayor poder real para las regiones. Y hoy, muchas cabezas que nunca estuvieron de acuerdo en descentralizar, democratizar y desconcentrar a Chile, ven con una leve sonrisa esta situación”.
Por cierto, lo ocurrido en Biobío no es un caso aislado. Hasta diciembre del año pasado, exceptuando Coquimbo, en todas las regiones del país el Ministerio Público tenía, al menos, una indagatoria, y estas no solo involucraban a los gobiernos regionales, sino también a algunas secretarias regionales ministeriales, e incluso parlamentarios como ocurre en La Araucanía.
Difícil de instalar en la agenda
Lo cierto es que luego de la asunción de los gobernadores regionales -uno de los grandes saltos que dio el proceso de descentralización-, han existido pocos avances. La eliminación del cargo de delegado presidencial ni siquiera ha sido mencionado por la actual administración, pese a sus críticas en tiempo de campaña, y desde que fue ingresado al Congreso, en mayo del año pasado (justo antes que estallará el caso Convenios, particularmente, en Antofagasta), el proyecto Regiones Más Fuertes no ha pasado su primer trámite en la Cámara de Diputados.
El analista y académico de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Felipe Vergara, reconoció que nunca ha sido fácil instalar el tema en la agenda pública, mucho menos en la legislativa. No obstante, los hechos suscitados en torno al Caso Convenios lo han complejizado aún más. Así, por ejemplo, recordó que el cargo de delegado presidencial ni siquiera es foco de diferencias, manteniendo anquilosado el modelo centralista.
“En gran medida va por la línea de la desconfianza, pero también hay un componente de estancamiento a cualquier tipo de proyectos de estas características en el Parlamento. Si hay recursos involucrados, lo más probable es que la derecha no de su apoyo”, comentó Vergara.
La lucha de los regionalistas por dotar de mayores atribuciones a los territorios no es nueva. Ya en la década de los ’80 se hablaba de este tema, pero fue durante el periodo democrático donde se generaron algunos avances con la creación de los gobiernos regionales, la elección por voto popular de los consejeros regionales (antes eran elegidos por los concejales electos), y la creación y elección directa de los gobernadores y gobernadoras regionales. ¿La gran deuda? Dotar de mayores recursos a los territorios para que puedan tomar sus propias decisiones. En este punto, el denominado proyectos de Rentas Regionales fue reemplazado por el de Regiones Más Fuertes.
“Este es un proyecto que constituye el salto más importante que vamos a tener en materia de descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia. Al mismo tiempo, es la iniciativa más importante en materia de modernización del Estado y de la gestión pública que vamos a tener durante este período”, sostuvo en mayo del año pasado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al momento de presentar la iniciativa ante el Congreso.
En opinión de la cientista política, Lesley Briceño, la contingencia ha influido en el avance del proceso descentralizador. “Esta anhelada descentralización no se ha concretado ni con la elección de los consejeros regionales, ni con la elección de los gobernadores, mucho menos con lo que hemos visto en el último tiempo, asociado a temas de escándalo y los problemas en asignación de fondos (…). La descentralización se ve cada vez más compleja si pensamos que hay voces desde el gobierno central que buscan limitar la asignación de fondos de forma de directa desde los gobiernos regionales. Entonces, uno puede inferir que a partir de los escándalos el proceso ha retrocedido”, sostuvo la también académica.
Felipe Vergara complementa. “Lamentablemente el desafío descentralizador como uno lo añoraba, va a estar detenido un buen tiempo. Por ahora, no veo forma que vaya a revertirse, ni siquiera con el debate de las próximas elecciones de gobernadores regionales y de municipalidades”, manifestó el experto en marketing político.
Mejora en los procesos
El académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Cristian Guzmán, tiene una mirada más optimista, pues aun reconociendo el complejo escenario, manifestó que esto debe ser una oportunidad para mejorar los procesos.
“Creo que el debate de descentralización seguirá avanzando, quizás ahora con mayor detalle en el diseño del traspaso de fondos y la asignación de los mismos. A pesar de que existen casos altamente mediáticos y, obvio, altos montos involucrados, se debe seguir el proceso de descentralización fiscal en Chile dada la alta heterogeneidad entre las necesidades sociales de las regiones. Obvio, todo problema es una oportunidad para mejorar los procesos, y este debe ser visto con esa mirada”, manifestó el académico.
“Lamentablemente el desafío descentralizador como uno lo añoraba, va a estar detenido un buen tiempo. Por ahora, no veo forma que vaya a revertirse, ni siquiera con el debate de las próximas elecciones de gobernadores regionales y de municipalidades”.
Felipe Vergara, académico Unab.
El ingeniero comercial y doctor en Economía de Negocios agregó que “debe ser visto también la responsabilidad que tenemos los votantes en el acceso a la información y las decisiones que se toman en los Consejos Regionales (Cores). En ello debemos mejorar las acciones de accountabilty (responsabilidad activa) respecto del comportamiento de nuestros políticos electos por votación directa”.
Pero eso no es todo. En opinión de Guzmán, considerando que, en muchos de los casos investigados a nivel nacional, las caras visibles son los gobernadores regionales, eso debiera reflejarse en las próximas elecciones de octubre.
“Se debería esperar un cambio de mando en las regiones donde se han hecho públicos estos problemas. Pero también estas los CORE y ahí la elección es más difícil dada la cantidad de personas y la imposibilidad de traspasar responsabilidades de la asignación de fondos o de realización de fiscalización de la actuación del gobierno regional. Para avanzar en una adecuada representación sobre todo en la decisión de los fondos públicos falta mayor información para la ciudadanía, quizás no necesariamente desde el mismo gobierno regional, sino que de actores de la sociedad civil que se dediquen a entregar información adecuada y entendible por todas las personas, como lo hace la Fundación Observatorio Fiscal”, explicó el académico. Mientras, las investigaciones siguen su curso y una nueva elección de autoridades regionales y locales se ve a la vuelta de la esquina, otros problemas se toman la agenda nacional y es de esperar que la tan anhelada descentralización no siga esperando otro periodo con nuevas autoridades en sus respectivos cargos.