La Delincuencia

Esta incertidumbre podría empujar a la población civil a tomar la justicia por sus manos. Esto sería un desastre natural cuyas consecuencias son difíciles de prever. Y, por otro lado, en materia política, pueden emerger figuras que proclamen la restricción de las libertades de toda persona sospechosa, en pos de garantizar la seguridad de la población.


De los mecheros, los lanzas, los carteristas y del ladrón ocasional, hemos pasado a delincuentes que no tienen ni ley ni Dios, que desprecian absolutamente la vida humana y que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos, siempre vinculados al dinero y al poder.

La ciudadanía está choqueada con los cadáveres desmembrados esparcidos por la ciudad, así como por la cada vez mayor cantidad de asaltos, de robos a mano armada y balaceras. El miedo abunda por doquier.  Las calles están desiertas a tempranas horas de la noche para darle paso a los fuegos artificiales y a quienes se han adueñado de los espacios que nos pertenecen a todos.

Este desolador panorama no es aislado: crece cada día y a gran velocidad. Ya hay indicios que estamos frente a bandas criminales organizadas, poderosas sin respeto alguna por nada ni nadie que se rigen por sus propias leyes, que tienen sus propios territorios demarcados y hacen lo que quieren con total impunidad. Hace poco nos jactábamos de que esas cosas en Chile no sucedían: “Somos los ingleses de Latinoamérica”, se decía.

Creo que el gobierno debe preguntarse seriamente por dos cosas. En primer lugar, si está consciente de la real dimensión del problema que nos aqueja como sociedad y en segundo lugar, si tiene la capacidad política, persecutoria, policial y judicial para hacerle frente. Y ello de manera rápida. Si no existe un diagnóstico certero, bien fundamentado y creíble por la población, todas las medidas que se tomen serán insuficientes y con resultados débiles o inexistentes.

Y, si no es capaz de asumir esta situación, de falta de recursos, de capacidad técnica y de destrezas, es mejor que lo diga abiertamente y se deje ayudar por quienes tienen más experiencia. Eso es lo sensato. Lo que está en juego no son bienes materiales, sino que la vida de personas que quieren vivir en paz.

Este escenario puede presentar riesgos que deben ser advertidos: por un lado, esta incertidumbre podría empujar a la población civil a tomar la justicia por sus manos. Esto sería un desastre natural cuyas consecuencias son difíciles de prever. Y, por otro lado, en materia política, pueden emerger figuras que proclamen la restricción de las libertades de toda persona sospechosa, tal como está pasando en un país de Centroamérica, en pos de garantizar la seguridad de la población. Aquello causaría un enorme daño a la democracia, al Estado de derecho y al respeto de los derechos humanos, que con tanto sacrificio hemos alcanzado.

El gobierno tiene la misión y la obligación de general condiciones de seguridad aceptables para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes. Es una tarea insustituible, irreemplazable y intransferible. Ha llegado el momento de darle prioridad a la seguridad que demanda la población. El horror de lo que se está viendo día a día así lo exige. Y, así como van las cosas, cada día será peor.