Actualmente, son 50 las causas formalizadas bajo el rótulo de este delito que afectan a cerca de 300 víctimas en todo el país. La experiencia internacional indica que labores extractivistas, con grandes obras, con traslado de muchos trabajadores por temporada, provocan que la trata de personas con fines de explotación sexual, crezca por una mayor demanda.
Por Carolina Astudillo M.
“No más esclavos en Chile”. Eso es lo que significó declarar la abolición de la esclavitud en Chile en 1823. Sin embargo, 200 años después, la estructura y los prejuicios de la sociedad aún exponen casos, y por miles, de lo que hoy se llama “esclavitud contemporánea”.
Este problema social se denomina “trata de personas”. Y su definición, como lo explica la académica especialista en este tema en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Verónica Gómez, es una vulneración grave a los derechos humanos, que en Chile es un delito al igual que en la mayoría de los países del mundo, “porque es una situación de esclavitud que, sin grilletes ni cadenas, consiste en concebir a la persona, dentro de una sociedad materialista, como cosas que se pueden mercantilizar”.
La primera frase de la Declaración de los Derechos Humanos es que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Una frase muy clara, pero tristemente poco cumplida en los hechos por los mismos seres humanos. Cuando un ser humano deja de considerar a otro como tal, y bajo su prisma, le considera “una cosa”, puede creer que tiene el derecho de explotar su cuerpo sexualmente o laboralmente, en condiciones que vulneran y afectan la libertad y la estabilidad física y psíquica de las personas.
Un delito multifactorial
La trata de personas, en sus diversos ámbitos, es un delito que se da junto a otros tipos de crímenes, y junto al tráfico de armas y de drogas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos. Y si las cifras de registros son altas, lamentablemente hay una “cifra negra” porque, como explica Verónica Gómez, es muy difícil de tipificar o incluso de que las propias víctimas sean capaces de denunciar. Muchas veces las personas no están preparadas para rastrearlas, ni se cuenta fácilmente con medios de pruebas, y las víctimas, sometidas a una situación de explotación o engaño, sienten que tienen algún tipo de responsabilidad y no denuncian. “Menos de 30% de los casos se estaría denunciando en relación a la realidad”, alerta la académica Gómez.
Denisse Araya, presidenta de la corporación ONG Raíces, que existen desde 1991, y que nació desde la Vicaría de la Solidaridad, explica que, en ámbito de la trata de personas para la explotación sexual, hay una situación fuerte porque no se detecta la trata en los programas. Los niños están tan alejados del mundo proteccional, que de 54 casos detectados en 2006, el 98% era niños chilenos, según un estudio realizado junto a la organización internacional de inmigración. “Ninguno de los niños había sido denunciado por presunta desgracia. Por lo tanto, si no llegan hoy a proyectos especializados ¿quién los ve?”, explica con preocupación la especialista.
Verónica Gómez agrega que en Chile hay 50 causas que se han formalizado como trata de personas, el 65% con fines de explotación, y 17 está relacionadas a trata laboral. “Cada causa tiene varias víctimas, y se formalizan a distintas personas por cada causa. “Hoy hay varias noticias que relacionan a este delito, con personas extranjeras, pero aún no se tienen condenas, si imputados. Las víctimas de trata de personas, contabilizadas en estos informes, son 285. Hay muy pocas victimas menores de edad, pero aumentan. Cuando se identifica una, es muy probable que existan unas 8 más sin contabilizar”, detalla la académica.
Los espacios más peligrosos
Ejemplificando con un caso, Verónica Gómez indica que, en la provincia de Arauco, ya se han desarticulado 4 casas de trata de mujeres con fines de explotación sexual. El foco, es que se dan cerca de proyectos industriales. “La experiencia internacional indica que labores extractivistas, con grandes obras, con traslado de muchos trabajadores por temporada, provocan que fenómeno crezca, por más demanda”.
Carolina Rudnick, de la ONG Libera que tiene por objetivo la prevención y el combate de la trata de personas y las formas de esclavitud contemporánea, explica que la trata de personas ocurre en áreas importantes del país: la agricultura, minería, construcción, hotelería, industria pesquera, el trabajo doméstico, industria de servicio y entretención, industria del aseo. Esto se ha podido demostrar en la práctica, y representamos a víctimas en causas penales, que han sufrido el trabajo forzado en estas áreas económicas.
“Es importante reforzar el mensaje ético de que somos todos iguales que compartimos una condición de hermandad universal, y solo vamos a lograr sociedades prósperas en la medida que nos cuidemos los unos a los otros”. Carolina Rudnick, ONG Libera.
Como enfatiza Rudnick, la trata de personas es un problema de justicia social. “Las personas que tienen jerarquías, imponen a otras categorías de inferioridad, por nacionalidad, género, etnia, pobreza. Tenemos algunos compatriotas que se permiten el lujo de usar u abusar de sus talentos, o disponer de ellos como si fueran una cosa. Es importante reforzar el mensaje ético de que somos todos iguales que compartimos una condición de hermandad universal, y solo vamos a lograr sociedades prósperas en la medida que nos cuidemos los unos a los otros, y podamos tomar decisiones conscientes respecto a qué compramos, cómo se hacen los productos que nosotros consumimos”.
Es importante salir de la indolencia, de la indiferencia e ignorancia, y conocer cómo es el mundo que nos rodea, y en ese espacio de decisión que tenemos como consumidor o como ciudadano, o funcionario público, hacer la diferencia.
Medidas urgentes
Desde el Observatorio “Observa La Trata”, la académica Verónica Gómez, señala que hay tres aspectos importantes a abordar sobre este delito y problema social: “hemos tenido avances en el aspecto legal, la convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional, debe ir implementando acciones para que el protocolo se cumpla en cada país. La ley 20.507 genera un plan de acción para implementarse a través de mesas intersectoriales que ha funcionado bien en la región Metropolitana y en el norte, pero en Biobío no ha sido constante. Falta que las mesas puedan implementar acciones intersectoriales, para la prevención, y la formación de las personas, en todos los servicios públicos, para la prevención y la protección de las víctimas”.
Otro aspecto fundamental es el cambio cultural, que exige una discusión de la sociedad civil con el Estado, sobre cómo formar desde temprana edad sobre los derechos humanos, la dignidad de la persona humana y cómo las personas no se pueden cosificar. “Hay que avanzar hacia una cultura no centrada en el placer propio, sino en el interés común. Es importante lo que se puede hacer desde la academia, no solo en la investigación, sino en la tolerancia social. Hay un tema en cómo nosotros vemos estas prácticas casi como parte del paisaje, siendo vulneración grave de los derechos de las personas. Somos abolicionistas, y el trabajo sexual no es un trabajo, es una explotación. Por ello hay que ir educando a una sociedad más protectora de los derechos humanos y las personas, para que no justifiquen estos delitos, sin que se aborden como problemas sociales, de salud mental, salud pública y no solo de justicia”.
Carolina Rudnick agrega que es urgente la capacitación adecuada de los organismos estatales y eso, “porque las víctimas de Trata están en permanente contacto con funcionarios de Estado. Pasan por los aeropuertos, por los terminales de buses, o bien son sometidas a controles por la inspección del trabajo, y en ese sentido, cuando un país ha sido capacitado en detección, es más posible identificar los casos” detalla.
“La experiencia internacional indica que labores extractivistas, con grandes obras, con traslado de muchos trabajadores por temporada, provocan que la trata de personas con fines de explotación sexual, crezca por una mayor demanda”. Verónica Gómez, académica UCSC.
Es importante también hacer una fiscalización proactiva. “La OIT ha podido identificar los sectores más peligrosos, es importante que exista una fiscalización de la Dirección del Trabajo, y de carácter multisectorial. Es un tipo de delito que requiere que el Estado y sus distintas agencias trabajen en conjunto por cuanto la especialización de cada unidad, en conjunto, hacen posible la identificación de las víctimas”.
El mundo del trabajo, que es un ámbito lícito, requiere de una fiscalización robusta. Rudnick explica que el régimen de contratación de las empresas en Chile es, lamentablemente, una fuente importante de situaciones de abuso laboral, “por cuanto las empresas grandes se desentienden de las condiciones de los trabajadores al final de la cadena de suministro, e incumplen obligaciones que están definidas en el código del trabajo”.
Para mejorar la cultura contra la trata de personas, indican las especialistas, es vital contar con campañas nacionales, “porque la gente está en contacto con personas víctimas de trata, en negocios, restaurants, o empleo doméstico, pero desconoce el nivel de penetración de este delito, y lo que es más relevante, que este tipo de delito no es solo una manifestación de crimen organizado, sino que ocurre en áreas comunes y corrientes, en sectores económicos lícitos. Una campaña que exponga la situación, los indicadores y cómo detectar, permitiría que un ciudadano pudiera denunciar, y que la propia víctima pueda darse cuenta que es objeto de abuso, o manipulación”.