El académico sostiene que si tras la aplicación del fallo de la Corte Suprema, las isapres quiebran, todo el sistema de salud se verá afectado, tanto los prestadores privados como la red pública que tendría que acoger a los afiliados que se quedarían sin planes vigentes. Un costo, dice, que pagará el gobierno.
Por Cecilia Díaz R.
Los problemas del sistema privado de salud son de larga data, pero hoy el riesgo de colapso de las isapres es real si no se logra una interpretación del fallo de la Corte Suprema sobre las tablas de factores que permita dar continuidad a su funcionamiento. El médico Manuel Inostroza Palma, ex superintendente de Salud en tres gobiernos, dice que el tiempo corre a favor de aquellos que quieren dejar caer a las isapres, objetivo que no pudieron lograr a través del proceso constitucional fallido.
Ocupó el cargo durante las administraciones de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y parte del gobierno de Sebastián Piñera, por ende, maneja a fondo el tema. El actual académico de la Universidad Andrés Bello enfatiza que si el fallo de la Suprema, que obliga a aplicar las tablas de factores elaboradas en 2019 a todos los planes y restituir los cobros en exceso, se interpreta de modo literal implica el quiebre del sistema. Y aquello, agrega, no solo afectará a los cotizantes de las isapres, sino que a todos.
– ¿Qué factores han sido determinantes para llegar a la crisis actual en la salud privada?
– Lo primero es que lamentablemente, desde el 2010 a la fecha, han pasado poco más de doce años, desde que las cortes empezaron a judicializar el sistema de salud privado, con los fallos sobre los precios bases y luego los fallos del Tribunal Constitucional sobre las tablas de factores de riesgo. Nunca hemos podido llegar a un acuerdo político en el Congreso y el gobierno de turno; han pasado todo tipo de gobiernos, inclusive ahora un gobierno más de izquierda, y no han podido hacer la reforma estructural del sistema de isapres que permita superar esta judicialización.
Dice que ese es el origen estructural del problema. “Después de 12 años habiendo habido cuatro comisiones presidenciales para intentar una reforma al sistema privado, como esta reforma nunca llegó, el Poder Judicial, en subsidio del Congreso y del gobierno, ha hecho estos fallos que están tratando de resolver definitivamente el problema de la judicialización, pero dado que ellos no son los preparados para hacer las reformas legales, pueden hacer desaparecer el sistema”.
Luego agrega: “El Poder Judicial no está facultado ni tiene las competencias para hacer los cambios regulatorios o legales que un sistema privado como el nuestro requiere, entonces, por eso, a mi juicio, los fallos judiciales, pretendiendo resolver el problema, lo están haciendo de una manera que finalmente atenta contra la viabilidad del sistema”.
– ¿Hay un riesgo real de colapso del sistema?
– El riesgo de colapso del sistema con estos últimos fallos es muy latente, es muy cierto al punto que, por ejemplo, el fallo de la tabla de factores de riesgo, si se interpreta de un modo literal a como lo propone el fallo, significa el quiebre del sistema. Las isapres no van a tener plata para devolver la diferencia entre las tablas de riesgo antiguas y las tablas de riesgo nuevas, que propone el fallo.
Añade: “Independientemente del monto que sea, las empresas ya han dicho que no tienen recursos, y si no tienen recursos van a entrar en insolvencia, probablemente las quiebras de las isapres se puedan dar de aquí a abril o mayo y esto generaría un efecto palitroque”.
Cadena de consecuencias
El académico de la UNAB dice que una eventual quiebra del sistema generaría una cadena de consecuencias muy dramáticas. “Por ejemplo, entre 300 mil a 400 mil personas normalmente están haciendo uso de su plan de salud cada mes, no tendrían continuidad en su tratamiento de cáncer, de trasplante, etc. Del orden de 1.600.000 personas no podrían comprar seguros complementarios, porque tienen preexistencias, esto impactaría en las listas de espera del Fonasa, ya que, al trasladarse estas personas al Fonasa, las listas de espera subirían, 30 mil a 70 mil casos de espera más de los que ya tenemos, que son 320 mil personas en espera de cirugía”.
También tendría impacto en las clínicas. “El sistema isapres es el gran comprador de prestaciones en clínicas privadas, si desaparecen las isapres, esto tendría un impacto también, sobre todo en regiones, en clínicas privadas o centros médicos pequeños que no podrían sobrevivir con la desaparición de súbito del sistema. El efecto de dejar caer las isapres tiene efectos sistémicos muy complejos, en todo el resto del sistema de salud, no solo en el sector privado asegurador”, recalca.
– ¿Cuáles son los caminos de solución en su opinión?
– El superintendente tendría que hacer una interpretación del fallo, ya sea de mutuo propio o con la ayuda de un proyecto de ley, si no se siente muy fortalecido para hacerlo por sí solo, que básicamente es transformar la manera en que hoy se cobra el precio de los planes. La corte hoy está diciendo que los planes no tienen que ser cobrados por factores de riesgo, porque los factores de riesgo son inconstitucionales, entonces así como yo bajo el precio del plan, por la vía de la no aplicación de la tabla de factores, tendría que establecer la manera de equilibrar ese valor del plan mediante una tarifa solidaria, un cobro solidario del plan, que haga que el precio final no sea ni más ni menos de lo que hoy paga una persona, pero uno está cambiando la manera en que le cobra el plan. Una interpretación de esa naturaleza daría cumplimiento al espíritu del fallo, y daría el efecto de no hacer caer el sistema. Me costaría pensar que en el espíritu del fallo de la Corte Suprema tuvieran a la vista hacer quebrar el sistema.
Plantea: “una interpretación en que el precio es el mismo permitiría ganar tiempo hasta que el sistema isapres sea reformado por una ley corta que le introduzca un plan único, un fondo de compensación de riesgo para eliminar las preexistencias y la cautividad, introducirle mecanismos de contención del costo, pero en el intertanto se requiere una interpretación que permita que el sistema siga funcionando porque si cae, las consecuencias en un ambiente de crisis serían muy difíciles de manejar y, además, impactarían políticamente en un gobierno que ya está debilitado. No sé si resistiría un conflicto en que 300 mil a 400 mil personas le van a golpear la puerta al Presidente en La Moneda para ver cómo siguen el tratamiento de cáncer, de trasplante, etc.”.
Resistencia a los cambios
– ¿Qué han hecho mal las isapres para llegar a este escenario?
– Haberse resistido a los cambios, desde el 2010 que se les avisó que había que ver esta reforma, por lo menos se resistieron hasta el 2014. La comisión que presidió Camilo Cid quedó en dos posturas, las isapres aceptando estas reformas estructurales, pero la postura del gobierno de la presidenta Bachelet era que había que hacer desaparecer las isapres. Cuando las isapres estuvieron llanas a hacer las reformas, la izquierda más radical en sus posturas ideológicas dijo que ya no estamos interesados en reformarlas, queremos hacerlas desaparecer. La oportunidad política de haber hecho los cambios y haber evitado los problemas en los que estamos hoy se perdió.
– Algunos plantean que el gobierno quiere aprovechar el fallo de la Suprema para dejar caer las isapres, ¿qué opina?
– Yo he dicho en varias entrevistas, por el conocimiento que tengo de los actores, que el gobierno está neutralizado, porque tiene dos almas. Un grupo liderado por Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública; Camilo Cid, director de Fonasa, y Víctor Torres, superintendente, quiere dejar caer el sistema, porque es la vía para hacer las reformas que no pudieron hacer en el marco del debate constitucional, pudiendo echarle la culpa a la Corte Suprema por la caída de las isapres. El tema es que yo creo que la crisis que se va a generar va a ser tan grande que nadie se va a acordar del presidente de la Corte Suprema, sino que le van a echar la culpa al gobierno de turno. Hay otro grupo, pongo a la ministra, al Ministerio de Hacienda y algunos otros actores del gabinete político que, conscientes de este problema, dicen que no podemos dejar caer el sistema y generar este impacto en los afiliados, y quieren darle viabilidad. La neutralidad, o el empate de fuerzas, hace que el gobierno esté inactivo y no haya tomado una solución al respecto, con el tiempo que pasa los que ganan son los que quieren dejar caer el sistema.
– En el largo plazo, ¿qué sistema deberíamos tener?
– Soy partidario de hacer una reforma gradual en el tiempo, y no hacer un big bang, porque podríamos tener ahí un Transantiago de la salud. Más bien tener un sistema mixto de seguridad social donde se fortalezcan el Fonasa, los hospitales públicos, para garantizar que las listas de espera tiendan a mejorar, estar en parámetros mucho más razonables que los que hoy tenemos. En paralelo, hacer la reforma al sector privado con un plan único de isapres, con un fondo de compensación, y quedarnos un tiempo con un sistema de seguridad social mixto.
Su idea es: “Evaluar si eso funciona o no funciona, eventualmente si no funciona y no se resuelven los problemas, poder avanzar hacia un sistema de seguridad social exclusivamente público, que no lo descarto, pero sí con garantía de que los prestadores pueden ser públicos y privados, yo no creo en un seguro público con exclusividad de prestadores públicos”.
– ¿Por qué?
– Eso es exponer a la ciudadanía a unas listas de espera enormes, a no tener alternativa. En cambio, un sistema de seguridad exclusivamente público como el coreano o de Taiwán descansa en que los prestadores privados siempre son alternativas a la incapacidad del prestador público de responder a la demanda. Yo caminaría en una transición hacia un sistema de seguridad social mixto y dependiendo si resulta o no y con criterios de evaluación que podrían quedar en la ley, movernos eventualmente a un sistema de seguridad social único público, pero con mucha mayor libertad en el ámbito de la prestación de lo que tenemos hoy.