Los desafíos de la crisis habitacional en Chile

Chile vive una emergencia habitacional cuya expresión más dura es el aumento sostenido de los campamentos. El Gobierno presentó recientemente su Plan de Emergencia Habitacional del que depende el futuro de miles de familias. Todo en medio uno de los momentos económicos y sociales más complejos.

 Por Tania Merino M.

Chile atraviesa una dura crisis habitacional, la mayor en los últimos 25 años. La escasez de viviendas y, en paralelo, el aumento explosivo de los campamentos, acompañado de un fenómeno migratorio en curso, ponen el foco en la urgencia de diseñar una solución que, a todas luces, no será fácil. 

Según datos del Catastro de Campamentos TECHO 2020-2021, el 85% de las familias que hoy habitan en campamentos antes arrendaban de manera irregular o vivían de allegados. En cifras del MINVU 2022, 47% alude al alto costo de los arriendos como la principal razón para llegar a un campamento. 

Bárbara Callejas, directora de la Inmobiliaria Social de TECHO-Chile, enfatiza que es clave, “avanzar en términos de cobertura, acceso y aplicabilidad del subsidio de arriendo, como también generar infraestructura pública en materia de arriendo justo”. En esto último, “los municipios y las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol central”.

El momento económico impone desafíos, lo que implica, entre otras cosas, mejorar los instrumentos de acceso a la vivienda. “Es relevante diversificar los programas y herramientas, tanto en propiedad como en arriendo, como lo propone el Plan de Emergencia Habitacional (PEH). Sin embargo, el arriendo aún tiene una participación menor (2% del PEH), en comparación a las modalidades de acceso a la vivienda en propiedad”, comenta la representante de TECHO-Chile. 

En los requisitos de entrada para su postulación y adjudicación, agrega, “es clave mirar los requisitos y flexibilizar criterios, en caso de que sea necesario, para garantizar el acceso a la oferta programática por parte de las familias de campamento”.

 Y es que hoy el número de este tipo de asentamientos ha crecido a niveles que solo se habían visto en 1996. Más de mil en todo Chile, ubicados principalmente en las regiones de Valparaíso (255), Biobío (156) y Metropolitana (142).

Acceso y momento económico

El alza de los precios de las viviendas ha sido sostenida desde 2010, lo que se explica en gran medida por la escasez de suelo. Esto, comenta Callejas, genera que el acceso vía mercado sea inalcanzable para muchas familias y, paralelamente, eleva los costos para el Estado.

El escenario en este sentido, dice, ya era adverso previo a la pandemia, y ésta agregó otras complejidades, como, por ejemplo, la capacidad de ahorro de las familias. Según CASEN (2020), los ingresos disminuyeron durante la pandemia, principalmente de aquellas personas que se ubican en el primer quintil, afectando así su capacidad de ahorro para acceder a un subsidio habitacional. 

Por ejemplo, el llamado a postulación de familias de campamento al subsidio DS 49 “Fondo solidario elección a la vivienda”, exige un mínimo de 10 UF para los núcleos que se ubican hasta el tramo 40% más vulnerable según Registro Social de Hogares. “Es un monto elevado considerando que el 48% y el 25% de la población que reside en campamentos se ubica bajo la línea de la pobreza y de pobreza extrema respectivamente, según datos del catastro de campamentos MINVU 2022”, asegura. 

El académico de Trabajo Social de la Universidad San Sebastián, Luis Cuevas, añade a esto un dato importante. “Si uno aprecia la sociedad actual, te vas a encontrar, según un Informe de la Cámara Chilena de la Construcción al año 2020, que solo el 5% de la oferta inmobiliaria del todo el conjunto que hay en Chile en un año está destinado a las personas más pobres y vulnerables de nuestro país”.

“Si se observa que esa oferta -continúa- con los años se ha hecho constante y no ha tenido un aumento progresivo, nos vamos a encontrar con que se agudizaron las condiciones de hacinamiento, allegados, campamentos que han ido proliferando a la luz de los problemas económicos que afectan a los hogares en Chile, a la falta de trabajo, especialización y también al fenómeno migratorio de los últimos dos años”.

Viviendas de calidad

El problema para avanzar hacia una mejor condición de vida para las personas apunta a resolver las ecuaciones que impone el actual contexto, considerando calidad, seguridad, acceso, ubicación, costos, urgencia, dignidad, etc. Aquí entran también los criterios constructivos.

“Es necesario comprender que el sueño de la vivienda no es solo la casa material, es un sueño que implica una satisfacción con la vivienda, el barrio y la ciudad. Me parece que en eso se juega la dignidad de una familia que sueña tener una casa para construir un hogar”, Guillermo Villagrán, académico UCSC

Para el arquitecto Sergio Vitta la normativa ha sido eficiente en resguardar estándares mínimos del confort de la vivienda. Lo relevante, sin embargo, va más allá y es generar proyectos arquitectónicos de un mejor estándar.  Pone como ejemplo los edificios de gran altura de Estación Central, en Santiago. “Tienen un alto estándar constructivo, contemplan una gran cantidad de departamentos, de vías de acceso, pero la calidad de vida en ellos es pésima. Hoy vivir en una vivienda social es mejor que hacerlo en un gueto vertical. El problema que tienen las viviendas sociales es la accesibilidad a los servicios y a los equipamientos”, asegura. 

Para el profesional, “ver la vivienda como unidad individualizada es parte del conflicto cuando no se incorporan factores ambientales, el barrio, los vecinos, la subdivisión predial mínima, luminarias, acceso a equipamiento tanto comercial como utilitario, comisaría, bomberos, etc”. 

Tecnología y salud de la construcción

Al igual que ocurre en las personas, las casas tienen también problemas, se enferman y van desmejorando su cualidad habitable. Para Ariel Bobadilla, director del Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción de la Universidad del Biobío, hay un déficit cuantitativo importante, pero también existe otro no menor que se relaciona con la calidad de las viviendas y su mantenimiento. El desafío es entonces construir un número mayor de vivienda, en tiempos menores de calidad mínima aceptable certificada prestacionalmente y de costo competitivo.  

Estima que el Plan de Emergencia Habitacional deberá dedicar esfuerzos importantes para resolver a lo menos dos aspectos críticos. El primero de ellos, “el alto nivel de patologías de origen higrotérmico, que presenta el parque de vivienda en Chile, en particular en la zona centro sur del país y; el mejoramiento de los sistemas de control y aseguramiento de la calidad. Es urgente en estos momentos reducir los excesivamente altos gastos en reparaciones y reposiciones incluso de viviendas, como resultado de estos problemas, que hoy gravan de forma importante el presupuesto tanto de las familias como del Estado, además de generar conflictos y la pérdida de confianza en el Estado. 

“Ver la vivienda como unidad individualizada es parte del conflicto cuando no se incorporan factores ambientales, el barrio, los vecinos, la subdivisión predial mínima, luminarias, acceso a equipamiento tanto comercial como utilitario, comisaría, bomberos, etc”. Sergio Vitta, arquitecto.

La estrategia de este plan del Gobierno es desarrollar proyectos industrializados, una suerte de prefabricado de alto estándar, algo que se aprecia muy bien toda vez que la prefabricación permite un mejor control de la calidad, menores tiempos de construcción y, bien concebida, también menores costos. Esto obliga a replantear el uso de materiales y la forma de construir en Chile en estos momentos, en que se pide además que las construcciones sean eficientes y sustentables. 

Criterios sociales

Roxana Zuleta, directora de Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello, advierte que existe un escenario “de precarización de la vida humana, de aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social de las personas y familias, agravada aún más por los efectos de la pandemia, la inflación, el aumento del precio del suelo, las barreras para acceso a créditos hipotecarios y la disminución de los ingresos autónomos de los hogares entre otras”.

Para la académica, “tenemos como país el urgente desafío y el deber ético-político de reposicionar el derecho a la vivienda y el hábitat residencial, como un derecho social que debe ser garantizado y resguardado por parte del Estado”.

Para Guillermo Villagrán, académico Facultad de Comunicaciones, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC, “el mayor desafío es comprender y aceptar la complejidad que “siempre se tendrá en el tema de la vivienda social”. Se trabaja en el marco de un derecho social y su satisfacción va cambiando en la medida que avanzan los cambios culturales y tecnológicos. Trabajar el Hábitat Residencial será siempre un proceso en construcción”.

Villagrán resume de manera precisa todo lo que implica abordar esta emergencia. Es necesario, dice, “comprender que el sueño de la vivienda no es solo la casa material, es un sueño que implica una satisfacción con la vivienda, el barrio y la ciudad. Me parece que en eso se juega la dignidad de una familia que sueña tener una casa para construir un hogar”.