Los polos que fragmentan el derecho a la educación y la libertad de enseñanza

En la actualidad el sistema educativo nacional ha sido tema de debate debido al proceso constituyente.  La disparidad en torno a la decisión ha sido objeto de opiniones divididas.

Chanel Caro O.

El derecho internacional concibe la educación como una facultad fundamental en la vida de millones de niños, niñas y jóvenes, sin discriminación alguna de su procedencia, ya sea social o económica. En este sentido, la libertad de enseñanza es clave para una sociedad democrática, en anhelo de que el Estado otorgue a los padres garantías plenas de libertad en decidir qué establecimiento escoger para sus hijos. Sin embargo, la realidad nacional presenta una evidente tensión sobre ambos conceptos, posicionándolos en polos contrapuestos que, hoy en día han abierto nuevamente debate, ahora en la Asamblea Constitucional.

Contexto país 

Las demandas posicionadas sobre la libertad de enseñanza señalan que ésta solo debería tener lugar una vez que el Estado haya garantizado plenamente el derecho a la educación. Por lo tanto, “la libertad de enseñanza quedaría subordinada a este derecho” (UNICEF, 2000). La discusión aumenta con las corrientes que afirman una irrealidad del concepto “libertad de enseñanza, señalan que el filtro de la educación en Chile se rige por modelos comerciales neoliberales, en donde la educación se ha transformado en un servicio dirigido a un cliente en espera de un producto de calidad. A lo mismo se suma la perspectiva de que los padres no pueden ejercer verdaderamente este derecho a enseñanza porque la decisión final del dónde estudiará sus hijos está limitada por decisiones externas a ellos, ya sean desde los mismos establecimientos, por protocolos de admisión, o también por limitantes económicas.

“La libertad de enseñanza es clave para una sociedad democrática, en anhelo de que el Estado otorgue a los padres garantías plenas de libertad en decidir qué establecimiento escoger para sus hijos”, Fernando Saenger, abogado constitucionalista, académico UCSC.

Estas teorías son definidas como “teorías conflictivistas de los derechos fundamentales”. Según un documento emitido por Fundación Educar, se explica que “en materia de educación es importante despejar la tensión que existe entre derecho a la educación y libertad de enseñanza”. Además, agregan que priorizar uno por sobre otro sería equivalente a admitirlos como incompatibles.

La desigualdad social 

La segregación educativa es una problemática que el Mineduc plantea desde el primer debate a la reforma educacional. En la evaluación más reciente realizada por la OCDE al sistema educativo chileno, se destaca que “el punto importante no es si el valor agregado es tan diferente, sino más bien el hecho de que el sistema educacional está conscientemente estructurado por clases”. Además, este informe agrega que: “En la práctica, la selectividad por escuelas y un énfasis en la ‘selección’ producen un sistema altamente estratificado en el cual hay una creciente concentración de niños en escuelas con niños de antecedentes socioeconómicos similares”. La oportunidad que esta segmentación ocurra surge desde la estructura del modelo. 

Los sistemas de administración y financiamiento de la educación, es uno de los puntos cuestionados en el debate sobre la libertad de enseñanza, por interpretarse que la libertad del establecimiento prima por sobre la libertad de los estudiantes. UNICEF, en su “Ciclo de debates sobre políticas educacionales en Chile, Argentina y Perú”, expuso que: “La introducción del sistema de financiamiento compartido no sólo introduce una mayor estratificación estructural en el sistema escolar, de paso crea nuevas formas de discriminación y se convierte en una fuente de abusos por razones económicas hacia las familias”.

La realidad que se discute

Desde el gremio docente, la dirigenta Nacional, y ex presidenta del Colegio de profesores, Olimpia Riveros explica el sentir desde el profesorado sobre la realidad que viven las escuelas. “Hemos discutido muchos años respecto de las políticas públicas que se impusieron en el país a partir de la Constitución de 1980, respecto de educación y cómo esta se permeo de las políticas neoliberales, convirtiendo la educación en una mercancía con el concepto de Estadio subsidiario. La educación queda en manos del mercado y mercado significa que los padres pagan para una educación de sus hijos, y quienes no pueden pagar van a una educación pública, estigmatizada. En este escenario, evidentemente se entendió la libertad de enseñanza como libertad de mercado. Se dice que cuando los padres elijan, elijen la libertad de sus bolsillos”.

Asimismo, la dirigenta nacional del colegio de profesores propone para la nueva constitución eliminar la segregación y desigualdad, que afirma, fue construida desde la subvención. “Pensamos que el Estado no solo debe financiar la educación, desde el punto de vista de terminar con el pago vía subvención porque influye en la desigualdad en la educación, sino que también el Estado tiene que ver en el marco regulatorio curricular, en donde sí puede darse la variedad curricular y en sí la libertad de enseñanza. Se destaca en este ámbito además la orientación del actual sistema escolar por el criterio de selectividad, lo que menciona como una verdadera “cultura escolar” formada a base de la jerarquización y selección de alumnos.  

La educación del Estado

El rol subsidiario del Estado es el modelo que Chile posee desde la Constitución de 1980, se asocia al respeto sobre la autonomía de grupos externos al Estado, a quienes se les da una preferencia para desarrollar actividades que no son de reserva exclusiva del mismo. El abogado constitucionalista y académico de la UCSC, Fernando Saenger, refiriendo al concepto de subsidiaridad señala que: “todos los organismos privados, personas instituciones y colegios, tienen derecho a desarrollar sus actividades, el Estado debe permitir esta libertad. Hay teorías que quieren monopolizar la educación e ideologizarla”. Además, sobre la Constitución afirma: “la Constitución tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas en las distintas etapas de su vida, contiene una premisa fundamental, señala que protege la libertad de lo que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones más que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. 

El abogado además afirma que la enseñanza reconocida oficialmente no puede orientarse para propagar tendencias políticas partidistas, los padres serán quienes tendrán el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. El académico menciona la discusión frente a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación como una malinterpretación del derecho subsidiario, la que toma ribetes ideológicos por parte de polos políticos. “En Chile hay libertad de enseñanza, no se puede atacar a la Constitución, ni al espíritu de la Constitución”, señaló.

“Pensamos que el Estado no solo debe financiar la educación, sino que también tiene que ver en el marco regulatorio curricular, en donde sí puede darse la variedad curricular y en sí la libertad de enseñanza”, Olimpia Riveros, dirigenta nacional Colegio de Profesores.  

La libertad de enseñanza y el derecho a la educación es un tema que fue sujeto de votación el pasado 28 de septiembre, por la Convención Constitucional. En la votación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de educar a sus hijos fueron rechazadas del temario. Las temáticas sí serán contempladas en la Constitución, pero no formarán parte del programa principal de la Comisión. 

El excandidato a constituyente y administrador público licenciado en Ciencias políticas, Luis Ignacio Pérez, explica cómo abordaron esta temática los constituyentes. “El tema como tal de libertad de enseñanza, fue un tema que pudimos revisar a grandes rasgos dentro del proceso constituyente. En estos momentos Chile sí presenta un modelo mercantilizado. Si nos ponemos a pensar globalmente, la Constitución actual es de 1980 y el contexto era de una crisis económica enorme, la Constitución nos sacó de esa crisis. Los que siguen obteniendo más son los privados y los que quedan en debe son las entidades públicas. Debe haber una nivelación en ambas medidas. No puede ser que los colegios públicos vayan en subida y los privados en descenso. Debe haber una nivelación”. La declaración del excandidato se refleja en el resultado de la votación constitucional.