¿Cambio o reforma?: La eterna discusión del sistema de pensiones en Chile

Durante la crisis social de octubre una de las demandas apuntó a un cambio al sistema de pensiones, que opera hace cuatro décadas en el país. La discusión se pausó durante la pandemia del Covid-19, pues las prioridades se centraron en evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, recientemente, una reforma de ley, que autoriza a los cotizantes del sistema a sacar su 10% del fondo de jubilación, reflotó el tema de las bajas pensiones y la manera en que las AFP administran estos recursos.  

Por Camila Messer


“Fue una conversación familiar, profunda, incluso lo analizamos desde un punto de vista ético. Finalmente optamos por sacar el 10%. Yo trabajo de forma estable en una universidad y mi marido, que es independiente, tiene una pyme de muebles de cocina”, cuenta la periodista Claudia Reyes.

A la fecha son más 8 millones de personas las que han solicitado estos ahorros, después que el Congreso aprobara casi de forma exprés una reforma de ley que permite a los afiliados al sistema de pensiones retirar el 10% de su fondo. 

La medida, calificada de histórica –y que surgió dentro del contexto de la pandemia del Covid-19– centró la atención, nuevamente, al modelo de pensiones en Chile, que opera desde 1980 y que reemplazó al sistema de reparto, basado en un aporte de los trabajadores activos a un fondo único.  

“En el antiguo sistema existían cajas de ahorro y cada una de ellas generaba un descuento a los socios; después, con ese dinero se pagaban las pensiones al momento de jubilar”, explica Renato Segura Domínguez, economista y académico de la Universidad de Las Américas.

Las críticas al actual sistema de capitalización individual apuntan a la administración que hacen las AFP (administradoras de fondos de pensiones), así como la desigualdad de las pensiones y los bajos montos que reciben sus cotizantes. Se estima que el 50 % de las pensiones está debajo de la línea de la pobreza y el 80 % debajo del salario mínimo.

“El sistema de pensiones chileno no sirve para una sociedad como la chilena. Reemplazó el derecho previsional asociado al trabajo, por el derecho previsional asociado a la capacidad de ahorro y no tiene garantías ni se ocupa de beneficios definidos. Por ende, reproduce en la tercera edad las malas condiciones de vida de gran parte de los chilenos”, dice Andras Uthoff Botka, doctor en economía de la Universidad de California Berkeley e integrante del Consejo Asesor Presidencial sobre Pensiones en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Ciclos económicos y longevidad

Otras críticas al modelo, que funciona en países como México, El Salvador, República Dominicana y Bolivia, apuntan a que las pensiones dependen demasiado de los vaivenes o ciclos económicos, además de la situación laboral de las personas (contratado o independiente), las lagunas previsionales y los exiguos salarios. 

En este caso, las AFP, que operan como intermediarias, son las encargadas de administrar estos ahorros de las personas durante su vida laboral. Los dineros son invertidos en el mercado financiero local y extranjero. Además, los afiliados pueden elegir entre cinco fondos que van de la letra A, el más riesgoso, hasta la E, considerado el más conservador.  

“El sistema generó un volumen de ahorro financiero que ha servido para el desarrollo del mercado financiero, pero sin un impacto significativo en la inversión real y el empleo”

Andras Uthoff, economista e integrante del Consejo Asesor Presidencial sobre Pensiones.

El modelo se considera una especie de sistema integrado, porque en 2008 se agregó un pilar solidario, es decir, el Estado ayuda con una pensión básica solidaria a aquellas personas con más bajos ingresos.

“Para cuando se aplicó el modelo se proyectaba que una persona podía jubilar con el 100 % de su salario de la vida activa (…) Desde el punto de vista de la rentabilidad el negocio fue bueno, superó las expectativas”, señala Renato Segura.

Por su parte, el economista Andras Uthoff afirma que “el sistema generó un volumen de ahorro financiero que ha servido para el desarrollo del mercado financiero, pero sin un impacto significativo en la inversión real y el empleo”. 

Asimismo, los ciclos económicos y la expectativa de vida de los ahorrantes habrían debilitado la estructura del sistema. Si hacia 1989, la expectativa promedio de vida era de 69 años, en 2018 se calculó en 80 años. 

“También muchas personas perdieron su trabajo, lo que produjo una reducción del salario y un aumento de lagunas previsionales (período de tiempo en que la persona dejó de cotizar)”, dice Renato Segura. 

La solución: un sistema más solidario

La discusión ha congregado diversas propuestas. Movimientos como NO+AFP proponen un sistema de reparto, colectivo y con financiamiento tripartito de trabajadores, empresas y Estado. Este modelo funciona en países como Argentina, Brasil Cuba, Ecuador, entre otros.

“Estos sistemas de reparto simple son poco viables y sostenibles en el tiempo, como el caso de Argentina, que lo transformó, que tenía un sistema de capitalización y que lo transformó a un sistema de reparto, pero sacando los fondos actuales de las personas y los integró a un fondo común. Fue una especie de expropiación de los fondos”, opina el economista Gonzalo Morales Esparza.

Para el académico de la UCSC, no es necesario cambiar el sistema, sino más bien “modificar a través de leyes, sin tener que dañar, por ejemplo, lo que se ha venido desarrollando y mostrando en materias de crecimiento y rentabilidad. Uno lo que ve, en la mayoría de los países, es algo combinado. Tiene algo de capitalización y algo de reparto”, dice. 

“La tendencia está en un sistema mixto. El sistema de capitalización individual no es un sistema de protección social. El Estado tuvo que intervenir para aplicar este pilar solidario. Por tanto, hay que garantizar a los chilenos que a su vejez no van a vivir una situación indigna, con un ingreso menor al mínimo, por lo menos, sobre la línea de la pobreza”, sostiene Renato Segura.

“No es necesario cambiar el sistema, sino más bien “modificar a través de leyes, sin tener que dañar, por ejemplo, lo que se ha venido desarrollando y mostrando en materias de crecimiento y rentabilidad”

Gonzalo Morales, académico FACEA UCSC

Segura propone que los recursos provengan de los trabajadores activos y que también exista un componente social de parte de las empresas. El Estado, por su parte, también debe contribuir, “a través de los impuestos. Necesitamos compatibilizar el crecimiento económico con el sistema de protección social”, apunta.

El economista Andras Uthoff propone “la necesidad de minimizar el componente de capitalización individual, ya que establece contratos sin solidaridad, y ampliar componentes de alivio de la pobreza y de solidaridad intra e intergeneracional. Esto significa identificar fuentes de financiamiento no contributivas y desde impuestos generales y contributiva de parte de los empleadores que en Chile no cotizan. El sistema chileno ya está fondeado, en tanto cada afiliado tiene su pequeño fondo”, argumenta.

En ese sentido, para el experto, un sistema de reparto simple no sería la opción, sino más bien un sistema de capitalización parcial colectivo. “Los que hablan de reparto primero hablan de nacionalizar los fondos que representan el 70 % del PIB en Chile. Se necesita un cuidadoso tránsito a un sistema mixto más solidario, pero el reparto simple no es la solución”, añade.  

Desafío en plena pandemia

La incertidumbre propia de una pandemia -que a la fecha registra más de 373 mil casos y 10 mil fallecidos en Chile– produjo que un gran universo, de los 11 millones de cotizantes con los que cuenta el sistema, haya retirado sus fondos previsionales, se encuentre gestionándolo o bien lo está evaluando.  

El experto Andras Uthoff ve la medida como una mala decisión desde la perspectiva previsional, pero buena en cuanto a la sobrevivencia: “Una vez más ha sido el trabajador quien debió financiar el costo de la pandemia, debido a un gobierno incapaz de dimensionar los efectos de esta.  Podemos señalar que para ahorrar para la vejez primero se debe subsistir hoy y eso es lo que ocurrió en Chile, debido a la falta de políticas del gobierno”.

También la educación en temas financieros es fundamental si se busca reformar o cambiar el sistema. Así lo considera el economista Gonzalo Morales: “Con el retiro del 10% uno lee o ve en las redes sociales, expresiones del tipo: “me están robando, porque los fondos se están cayendo. Hay que decir que esto no es así, sino se trata de la variación normal, el comportamiento de los inversionistas que ante el escenario económico o también algunas decisiones políticas, sobre todo cuando hay un ambiente político revuelto o inestable”. 

Para el economista Renato Segura el gran desafío de esta discusión en plena pandemia, y que a ratos parece eterna o no encontrar un punto de encuentro, será en cómo compatibilizar la crisis de octubre de 2019, el término del sistema de capitalización individual, con lo que actualmente se plantea, es decir, que los fondos de cada cotizante logren un incremento sustancial en el tiempo, para que así las pensiones no sean nunca inferiores al salario mínimo.